El artículo 3 de la Constitución Española (CE) declara el castellano como la lengua oficial del Estado y, además, reconoce y protege el pluralismo lingüístico presente en diferentes Comunidades Autónomas. Así, se pretende asegurar tanto los llamados derechos lingüísticos como la diversidad cultural, extendida a lo largo de todo el territorio estatal.
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