El Tribunal Constitucional español se creó en el año 1980 y desde sus primeras resoluciones ha mantenido que la Constitución es un marco lo suficientemente amplio como para que, dentro de él, quepan opciones políticas y legislativas de muy diverso signo.
A lo largo de estos años, su labor de interpretación de la Constitución ha sido fundamental, sobre todo en dos campos:
En la configuración de la distribución territorial del poder que establece la Constitución, mediante la delimitación de las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
En la concreción del contenido y garantías de los derechos fundamentales que reconoce la Constitución a todas las personas, pues la Constitución es muy escueta en el apartado relativo al reconocimiento de derechos fundamentales.