El artículo 25 de la Constitución Española (CE) incluye: el principio de legalidad penal, entendido como el derecho fundamental a no recibir una condena si no se cumplen ciertas condiciones; y dos principios que han de guiar la política penal y penitenciaria (la orientación hacia la reeducación y reinserción social y el disfrute de los derechos fundamentales por parte de las personas privadas de su libertad.
Justificación
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